La actual Constitución Política del Estado y la Ley 1836 garantizan la plena vigencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. El mismo proyecto de nueva Constitución del Gobierno también asegura, con modificaciones sustanciales, el funcionamiento de este órgano de control de constitucionalidad.
En tanto no se modifique la Constitución, y no se promulgue una nueva Ley del Tribunal Constitucional, ningún otro organismo, comisión especial de los otros poderes del Estado, u órgano judicial, tiene competencia y menos atribución constitucional para remplazar o suplantar las funciones y el rol específico que se le ha asignado a la institución que ejerce el control de constitucionalidad en el país, garantiza la primacía de la Constitución Política del Estado, y preserva los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Una eventual intervención o suplantación de las atribuciones del Tribunal Constitucional, no sólo sería un acto ilegal e inconstitucional, sino que decretaría en los hechos su liquidación, privando a los bolivianos de uno de los últimos resguardos de la institucionalidad democrática y reserva efectiva del Estado de Derecho en Bolivia.
No obstante la ominosa y virtual paralización del Tribunal Constitucional (por la incapacidad del Congreso de la República para elegir a nuevos magistrados) éste órgano ha seguido funcionando y sus abogados continúan desarrollando sus específicas funciones orientadas a la tramitación de más de 3.500 recursos planteados desde hace un par de años. Pero además, el Tribunal Constitucional ha mantenido una invariable conducta de defensa institucional, exigiendo al Poder Legislativo la inmediata elección congresal, así como ha defendido permanentemente su extensa jurisprudencia vinculante y obligatoria para todos los jueces, funcionarios públicos y personas particulares de la República.
A partir del descabezamiento del Tribunal Constitucional y del colapso que significó para la justicia constitucional su inevitable paralización, la ciudadanía ha advertido la enorme significación e importancia de contar con un árbitro en la vida política y social de la República. Y es que los derechos y libertades fundamentales que garantizan la democracia y la Constitución carecen de sentido y no valen nada sin un Tribunal Constitucional independiente, idóneo y transparente. Son estas condiciones que ha demostrado en los últimos años el Tribunal Constitucional de Bolivia y ha creado en la población una conciencia sobre la justicia constitucional para poner freno, en muchos casos, al abuso de poder público.
El Tribunal Constitucional mantiene latente su confianza de que al fin el Congreso y los otros poderes del Estado normalicen, con la designación constitucional de magistrados, una institución indispensable en la vida democrática de Bolivia. Mientras tanto, este órgano que ha merecido la credibilidad y respaldo nacional y de otros tribunales del mundo, continuará como vigía de la Constitución y las leyes.
Sucre, enero de 2009
Relaciones Públicas
Tribunal Constitucional
Tags: constitución
29, Enero 2009 a las 10:30 pm
Sin Tribunal Constitucional, el estado de derecho es una quimera, ya lo dijeron los representantes de la Unión Europea, es urgente la designación de magistrados para que no se siga violando la Constitución y los derechos humanos.