Tribunal Constitucional Plurinacional

Desde que se instaló la Asamblea Constituyente, con la misión de construir, a través de una nueva Constitución, un pacto social entre los bolivianos, que nos permita afianzar la democracia y avizorar una mayor justicia social, hemos alentado expectativas ciertas o ilusorias sobre ese gran acuerdo que finalmente se tradujo en el texto constitucional, para cuya aprobación se convocó este día 25 a un referendo nacional. No obstante de que todavía no se conocen los resultados definitivos (aunque las urnas han demostrado la profunda división del país, de las regiones, así como del campo y la ciudad), considero pertinente y oportuno definir mi situación personal que, muy a pesar mío, entraña la situación del Tribunal Constitucional de Bolivia.

Es de conocimiento de la opinión pública del país que en más de una oportunidad hice conocer al Presidente del Congreso, Álvaro García Linera, mi intención de renunciar a la alta magistratura en el Tribunal Constitucional. Situación que fue desestimada por el Vicepresidente de la República, con el compromiso de que la designación de los magistrados ocuparía la atención del Poder Legislativo y sería prioridad en la agenda congresal. En los hechos, el compromiso y los reiterados anuncios de la oposición y el oficialismo no se han cumplido porque no les interesaba restaurar la institucionalidad democrática y menos contar con un órgano de control de constitucionalidad.

Por eso el descalabro premeditado del Tribunal Constitucional, con la sutileza de una guillotina, que ha paralizado durante dos años más de 3.500 recursos de miles de ciudadanos que confían en la justicia constitucional: el rostro más transparente y eficiente del sistema. Por ello el hostigamiento permanente y perverso a los magistrados y el bloqueo a la elección congresal. En este contexto de desamparo político, pero también de una enorme evidencia del respaldo de los otros órganos del Poder Judicial, de las instituciones democráticas y colegiadas, de cortes y tribunales constitucionales de otros países, sobre todo: de la sociedad y del ciudadano, defender los derechos fundamentales y las garantías constitucionales ha requerido coraje y resistencia. Mala ventura le espera -advertía Ortega y Gasset- a quien no sabe vivir el tiempo histórico que le corresponde, lo que no impide vivirlo en actitud crítica. El dilema, entonces, es si abolir todas las esperanzas o dejar algunas como muestra.

Durante todo este tiempo inaugural que ha precedido al referendo constitucional, he reflexionado serenamente, aún bajo la presión que comporta decidir sobre el futuro del Tribunal Constitucional, en torno a la actitud que debo asumir después de la consulta nacional. Con el mismo horror que tiene la política al vacío, confieso que la liquidación de un órgano constitucional, en cuya edificación se conjugaron desde hace diez años voluntades, sacrificios, y hasta la vida de algún magistrado, me sabe a derrota y resignación, que equivale a admitir que, si el presente continúa jugando al pasado, no habrá futuro para la democracia; para las instituciones; para la justicia constitucional.

Por ahora, y a la luz de los resultados que conocemos del referendo constitucional, el pasado no es sino prólogo del nuevo tiempo que está por venir, en el que si uno no lo controla se vuelve siempre en contra nuestra. Con toda sinceridad y convicción, creo que el peor riesgo es no correr ninguno y que resulta difícil renunciar si una está convencida del carácter ejemplar de la defensa que hemos venido haciendo del Tribunal Constitucional.

¿De que serviría la campaña realizada para devolverle la normalidad a este órgano?; ¿qué sentido tendría al fin la defensa de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de su experiencia en la justicia constitucional, y de la protección a brazo partido de los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del poder público?; ¿por qué debo contribuir a que la conjura contra el Tribunal Constitucional acabe poniéndole un candado a esta institución?

La nueva realidad política y legal emergente del referendo nos obliga a perseverar en la protección del andamiaje que hemos construido y adecuarlo al ordenamiento constitucional. Imaginar al otro puede ser un buen comienzo, porque, ciertamente (aquí cito a Nelson Mandela): “siempre es el tiempo correcto para hacer lo correcto”. Y lo correcto es -por ahora- dirigir un proceso de transición que mantenga en funcionamiento al Tribunal Constitucional: sacando fuerzas de flaquezas, y aprovechando la experiencia acumulada para orientar la aplicación de la Constitución, cuya vigencia y primacía es una de las misiones de la institución. Estas son las razones y principios que me obligan y motivan a seguir al frente de la institución y a seguir cumpliendo las funciones que la Constitución señala, es decir: hacer respetar la institucionalidad democrática y garantizar la vigencia de la Constitución, del mismo modo que los derechos y las garantías fundamentales de todos los ciudadanos.

Los resultados preliminares nos convocan a un mesurado análisis sobre la forma de aplicar el nuevo texto constitucional, de modo que se respete la voluntad de la mayoría, pero también se respeten los derechos de quienes no están de acuerdo con el mismo. Nunca como ahora resulta imprescindible devolverle al país la administración de la justicia constitucional, porque la implementación de la Constitución conlleva la posibilidad de controlar a los encargados de ese proceso mediante los mecanismos que ésta señala, como el Tribunal Constitucional.

Quiero agradecer el firme apoyo de los funcionarios del Tribunal, de las instituciones, organizaciones y órganos del Poder Judicial, así como de las cortes y tribunales constitucionales de naciones hermanas, sin cuyo aliento no podríamos seguir adelante para vislumbrar un horizonte donde vivir en el marco de la justicia constitucional sea verdaderamente una alternativa de seguir siendo el órgano de control de constitucionalidad.

Muchas gracias

Silvia Salame Farjat
MAGISTRADA

Sucre, enero de 2009

Tags: asamblea constituyente, referendo